La privatización silenciosa
La llamada “racionalización” del gasto encubre, en realidad, un cambio de modelo
MARCELA JABBAZ 20 FEB 2014 - 19:11 CEThttp://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/20/valencia/1392891567_075940.html
A partir del análisis de los presupuestos de la Generalitat Valenciana, este artículo pretende reflexionar acerca de cómo reformas técnicas de la gestión de lo público pueden ocultar un cambio significativo en el modelo institucional. Ello sin el conveniente debate democrático en torno a qué es deseable respecto de la distribución competencial y entre agentes públicos y privados.
En el gráfico que sigue se destaca el crecimiento exponencial de los gastos financieros derivados del endeudamiento de la Generalitat Valenciana, pero no será este el eje del análisis, sino su impacto diferencial sobre los capítulos 2 y 4, que se explica a continuación.
El capítulo 4, “transferencia corrientes”, se refiere a la parte del presupuesto que no ejecuta directamente la Generalitat Valenciana sino que se transfiere a ayuntamientos, mancomunidades, empresas públicas y entidades sin fines de lucro. Mientras que en “gastos de funcionamiento” (cap.2) además de lo que indica su propio nombre, se incluyen los contratos con empresas privadas.
En el gráfico puede verse un crecimiento sostenido de los “gastos de funcionamiento” que pasan de 1.041 millones de euros en el año 2003 a 2.855 millones en 2014, lo que se explica por el crecimiento de la porción privada (en el presupuesto actual, 2014, el 49,62% del capítulo 2 está previsto para contratos con empresas privadas). Paralelamente, las transferencias corrientes disminuyen, pasando de 4.060 millones en el año 2009 a 2.719 millones en el presupuesto de 2014 (volviendo al nivel de 2003).
¿Qué implica todo esto? Que en un contexto de restricciones, la gestión presupuestaria se orienta a una enorme transferencia económica hacia la empresa privada en detrimento de los entes locales y las asociaciones civiles. De este modo, los cambios presupuestarios son el antecedente de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que colocaría el broche de oro a un proceso de más largo aliento (de aproximadamente 10 años), porque legitimaría lo ya hecho en la práctica social-presupuestaria. La visualización longitudinal de los presupuestos nos permite comprobar que la llamada “racionalización” del gasto encubre, en realidad, un cambio de modelo: basado en la gestión privada y en la reducción de los servicios públicos gestionados públicamente.
Profundicemos sobre un área concreta, como la de Bienestar Social. En ésta, el presupuesto de 2014 reserva 245 millones de euros para contratos con el sector privado para la gestión de recursos públicos (residencias, centros de día, ocupacionales, etcétera), ya que es en este sector donde se “experimenta” primeramente la gestión “integral” (eufemismo de gestión privada). En la Consejería de Bienestar Social se denomina desde hace muchos años “gestión integral” al modelo concesionario que luego se aplica en algunos hospitales y centros del área de Sanidad.
Paralelamente, el total de las transferencias corrientes previstas alcanzan los 348 millones de euros, de los cuales solo se destinan 73 millones a los 542 municipios y sus mancomunidades. Con esta primera aproximación ya se observa claramente cuál es la participación de los agentes en la distribución de recursos.
Centrémonos ahora en las transferencias. En el gráfico 2 se puede observar la mayor importancia otorgada a las entidades sin fines de lucro respecto de los ayuntamientos y mancomunidades, mostrando un cambio significativo respecto de 10 años atrás donde la relación era la inversa.
En síntesis, se incrementa la participación del sector privado de forma correlativa a la disminución de las transferencias corrientes a asociaciones y entes locales. El privado social (entidades sin fines de lucro) se reduce, pero no lo hace tanto como la porción correspondiente a los entes locales. Parece ser que el lobby de alcaldes no es, en la actualidad, tan potente como el de los otros dos sectores.
Pero en el gráfico 2 lo que realmente destaca son las transferencias a las personas físicas (142 millones). Y aquí cabe mencionar que la mayor parte de las “ayudas” a personas físicas son tramitadas por los servicios sociales de los ayuntamientos, aunque el poder de decisión para su libramiento es de la administración autonómica. Esta disociación se ha ido incrementando drásticamente en los últimos años debido a cómo se han gestionado en la Comunidad Valenciana las nuevas prestaciones (dependencia, renta garantizada de ciudadanía) produciendo una centralización paradójica (tramitación en los entes locales y decisión en la Consejería de Bienestar Social).
En este punto conviene recurrir a dos conceptos que permiten comprender la complejidad de la cuestión que se está abordando, y son los de descentralización y desconcentración. Descentralización supone una cesión importante del poder de decisión desde una administración central a otra(s) más cercanas al territorio/población administrado. Mientras que con la desconcentración aunque el poder o administración central se distribuye por el territorio y se acerca a la población, las oficinas representan al poder central.
En el caso que nos ocupa, la Consejería de Bienestar Social ha limitando drásticamente la descentralización a partir de reducir las transferencias económicas y de limitar el poder de decisión de los y las trabajadoras sociales. Pero simultáneamente apela a la Red Pública de Servicios Sociales municipales (desconcentra) para que realicen todo tipo de informes sociales. El resultado es que los servicios sociales municipales se vuelven cada vez más dependientes de la administración autonómica, con consecuencias nefastas ya que los pocos recursos existentes se distribuyen desde un lugar alejado de las necesidades y particularidades de las personas en situación de vulnerabilidad social. Por este motivo, hablamos de “centralización paradójica”, es una ecuación en la que pierden los ayuntamientos (reducción de transferencias económicas y aumento de la responsabilidad de tramitación), se burocratizan los procedimientos (con soportes informáticos que anonimizan las necesidades) y se toman decisiones en lugares apartados que quitan efectividad al sistema. Veámoslo con números en los gráficos 3 y 4.
La línea verde en el gráfico 3 muestra cómo la participación de los servicios sociales se ve reducida a una expresión mínima (67 millones de euros en 2014 frente a 164 millones en 2003) y con ello, se limitan las posibilidades de afrontamiento de la crisis social y económica por parte de los Equipos Sociales municipales.
En el gráfico 4 puede verse, de cero a 100, la importancia de cada área de Bienestar social, siendo el segmento verde la participación de los servicios sociales municipales en el presupuesto.
Los números hablan casi por sí mismos, así que resumamos. Los cambios institucionales provocados por la gestión presupuestaria y la centralización paradójica, han producido una “destitución” de los ayuntamientos como principales agentes de la atención primaria de las necesidades sociales. Recordemos que la Ley 5/1997 de Servicios Sociales de la CV establece en su artículo 11 que los Servicios Sociales Generales [ubicados en los ayuntamientos] constituyen la estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales. También que en aquel modelo la proximidad y la prevención social son elementos de rentabilidad social porque es el ámbito local el espacio donde las redes sociales y comunitarias facilitan la integración social.
En el nuevo esquema, se crea una situación objetiva que casi anula la autonomía profesional de los y las trabajadoras sociales, incitando la vuelta al asistencialismo (como simples tramitadores de ayudas). También, se producen tensiones institucionales por el descontento de los gobiernos municipales, de los profesionales del Trabajo Social, presión de la población sobre los ayuntamientos porque no comprende la disociación existente entre tramitación y decisión de las “ayudas” y un creciente malestar, porque quienes en definitiva toman las decisiones están ubicados en espacios institucionales “centrales” y, en consecuencia, alejados de los problemas que sufre la población.
Marcela Jabbaz es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València
Una nota de prensa interesante por parte del profesor Vicenç Navarro sobre el Estado de Bienestar.
03 El Estado del Bienestar
16.02.2014
En defensa del Estado del Bienestar
Vicenç Navarro
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Una de las grandes conquistas de las fuerzas progresistas en el mundo occidental ha sido el establecimiento del Estado del Bienestar, que incluye aquellas transferencias públicas (como por ejemplo, las pensiones de jubilación) y servicios públicos (tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, vivienda social, ayuda a las familias, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, integración de la inmigración, prevención de la exclusión social, programas antipobreza y otros) que tienen una enorme importancia en definir el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. Todos los trabajos científicos que han analizado el nivel de satisfacción, felicidad y bienestar individual y familiar en un país han señalado la enorme importancia que el Estado del Bienestar tiene en configurar tal nivel. No es casualidad que la mayoría de estudios que analizan la calidad de vida en un país han concluido que los países nórdicos de Europa, que tienen más desarrollados las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar, son los que gozan también de mayores niveles de calidad de vida (ver Benjamin Radcliff, The Political Economy of Human Happiness).
Los países del sur de Europa, incluyendo Catalunya y España, son, por el contrario, los países que tienen menor desarrollo en sus estados del bienestar. Si analizamos el gasto público social por habitante como indicador de su desarrollo, vemos que Catalunya, España, Grecia y Portugal tienen los gastos más bajos de la Unión Europea de los Quince, que es el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo que España. Si en lugar de gasto público social por habitante miramos el porcentaje de adultos que trabajan en los servicios públicos del Estado del Bienestar, vemos, de nuevo, que estos países tienen un porcentaje muy por detrás del promedio de la UE-15. También vemos que su gasto público social como porcentaje del PIB está muy por debajo del gasto que deberían tener por el nivel de desarrollo económico que tienen. Así Catalunya, por el nivel de desarrollo económico que tiene debería gastarse 17.000 millones de euros más de los que se gasta en su Estado del Bienestar. Y España debería gastarse 60.000 millones de euros más de los que se gasta. Esta es una realidad poco conocida, pues el mensaje que predomina en los medios de mayor difusión es que el sector público, tanto en cuanto a gasto como en cuanto a gente que trabaja en él, está sobredimensionado. Los datos no apoyan tal percepción. Al contrario, evidencia empírica muestra que tanto el sector público, como el sector público social están poco desarrollados y poco financiados. Un dato muestra esta realidad claramente. Mientras que un adulto de cada cinco en Suecia trabaja en el Estado del Bienestar, en España es uno de cada diez y en Catalunya ni siquiera se llega a este porcentaje.
Las causas de este subdesarrollo
La causa más importante de este subdesarrollo es la historia del país y el contexto político que la determina. La dictadura que existió durante cuarenta años tuvo escasa sensibilidad social, de manera que cuando aquel régimen terminó, el gasto público social como porcentaje del PIB era, y con mucho (17% del PIB) el más bajo de los países que más tarde pasaron a ser la UE-15 (cuyo promedio era 22%). Fue la democracia, que, al permitir que cristalizaran los deseos populares, fue corrigiendo este enorme déficit social, de manera tal que en la década de los noventa ya el gasto público social, aun cuando era más bajo que el de la UE-15, se había ido acercando al promedio. Por desgracia, la gran recesión que se vivió en el 2007 se ha intentado resolver a base de recortes de gasto público, incluyendo el social, que ha ido abriendo, de nuevo, la brecha social con el resto de la UE-15. Estos recortes de gasto público social se han presentado como necesarios argumentando que el Estado del Bienestar había crecido demasiado, creando un aumento del déficit público que debía eliminarse. Los datos, sin embargo, muestran, tal como he indicado anteriormente, que el gasto público social es 1) mucho menor que el promedio de la UE-15 y 2) mucho más bajo que el nivel económico del país permite. Es más, cuando la crisis comenzó, el Estado español tenía un superávit, no un déficit. El crecimiento del déficit que ocurrió con la crisis no fue resultado del crecimiento del gasto público sino del descenso de los ingresos del Estado (que siempre fueron muy bajos en Catalunya y en España) consecuencia del elevado desempleo y descenso de la actividad económica.
La causa más importante de este subdesarrollo es la historia del país y el contexto político que la determina. La dictadura que existió durante cuarenta años tuvo escasa sensibilidad social, de manera que cuando aquel régimen terminó, el gasto público social como porcentaje del PIB era, y con mucho (17% del PIB) el más bajo de los países que más tarde pasaron a ser la UE-15 (cuyo promedio era 22%). Fue la democracia, que, al permitir que cristalizaran los deseos populares, fue corrigiendo este enorme déficit social, de manera tal que en la década de los noventa ya el gasto público social, aun cuando era más bajo que el de la UE-15, se había ido acercando al promedio. Por desgracia, la gran recesión que se vivió en el 2007 se ha intentado resolver a base de recortes de gasto público, incluyendo el social, que ha ido abriendo, de nuevo, la brecha social con el resto de la UE-15. Estos recortes de gasto público social se han presentado como necesarios argumentando que el Estado del Bienestar había crecido demasiado, creando un aumento del déficit público que debía eliminarse. Los datos, sin embargo, muestran, tal como he indicado anteriormente, que el gasto público social es 1) mucho menor que el promedio de la UE-15 y 2) mucho más bajo que el nivel económico del país permite. Es más, cuando la crisis comenzó, el Estado español tenía un superávit, no un déficit. El crecimiento del déficit que ocurrió con la crisis no fue resultado del crecimiento del gasto público sino del descenso de los ingresos del Estado (que siempre fueron muy bajos en Catalunya y en España) consecuencia del elevado desempleo y descenso de la actividad económica.
Y ahí está el punto flaco del Estado del Bienestar catalán y español: los bajos ingresos del Estado, en parte debido a unas políticas fiscales muy regresivas y a un elevado fraude fiscal, situación que se reproduce en Grecia, y Portugal. El Estado del Bienestar no tiene ningún problema de viabilidad, tal como erróneamente se desinforma. La sociedad catalana y española tienen suficiente nivel de riqueza económica para financiarse un Estado del Bienestar mucho más desarrollado.
Se dice con gran frecuencia que la transición demográfica, con cada vez mayor número de ancianos y un número menor de jóvenes, hacen las pensiones inviables e insostenibles. La realidad muestra el error de tal diagnóstico pues hoy, Catalunya y en España están exportando jóvenes. No es que falten jóvenes sino que no encuentran trabajo y sus salarios (y por lo tanto sus contribuciones a la Seguridad Social) son demasiado bajos. Si el porcentaje de la población ocupada fuera la misma que en los países nórdicos como Suecia (habría en España más de cinco millones más de trabajadores de los que hay) y sus salarios fueran tan elevados como en aquel país, las pensiones no tendrían ningún problema para los próximos cincuenta años.
Nuestra compañera Ester Llorca aporta estas cuatro páginas del libro de Javier Traité "Historia torcida de España". Echadles un vistazo!
Con la expectativa de un leve y lento crecimiento económico, los poderosos se aprestan a garantizar sus distancias y privilegios, a consolidar la desigualdad y su poder. La insistencia de las derechas es que aunque haya ‘mejoría’ económica tienen que continuar con las ‘reformas (recortes) estructurales’, buscando mayores garantías para su hegemonía institucional. Su proyecto es ampliar la desigualdad e intentar legitimar su gestión. Estamos en una pugna sociopolítica y distributiva que afecta a condiciones y derechos sociales y democráticos. El bloque de poder liberal-conservador, con una gestión regresiva, antisocial y autoritaria de la crisis, quiere imponer modelo económico y social más desigual y una democracia más débil. Participamos de una fuerte pugna cultural en la que se ventila la legitimación o no de este proceso, con sus discursos y sus gestores (las derechas y capas gerenciales), o bien se abre una dinámica más justa y democrática, con una ciudadanía más activa y una representación social y política más robusta. Se trata de evaluar la desigualdad socioeconómica, su carácter injusto e ilegítimo, desde los valores de la justicia social, con la perspectiva de un modelo de sociedad más igualitario y solidario.
Mínima recuperación con máxima desigualdad
Aumentan las brechas sociales y, cada vez más, en la sociedad se perciben como una dinámica injusta. La realidad de desigualdad social, y su percepción, enfrentada con la cultura ciudadana de justicia social, genera indignación popular y deslegitimación de las políticas, agentes e instituciones que la promueven. Existe un amplio rechazo ciudadano al desempleo masivo, el empobrecimiento e incertidumbre de la mayoría de la población y el deterioro de derechos, prestaciones y servicios públicos, derivados de la crisis económica y la estrategia liberal-conservadora de la austeridad. Esta actitud cívica se asienta en los valores de igualdad, solidaridad y democracia. Esta conciencia democrática y de justicia social es progresista y mayoritaria. Lleva aparejada la oposición a los recortes sociolaborales y la exigencia de democratización del sistema político. Es un factor clave para consolidar una ciudadanía activa, acabar con las políticas regresivas y antisociales y promover el cambio social e institucional. Por ello, la interpretación de la desigualdad y su carácter injusto es fundamental en la fuerte pugna cultural, mediática y sociopolítica entre los poderosos, que pretenden justificar su necesidad y su consolidación, y las corrientes populares progresistas, que la cuestionan y aspiran a su cambio.
Fruto del incremento de la desigualdad socioeconómica, la acumulación de riqueza en la cúpula financiera y la desregulación institucional, se produjeron las burbujas inmobiliarias y financieras; su estallido ha generado la mayor crisis económica y social en muchas décadas. Las medidas neoliberales de ajuste regresivo y la socialización de las pérdidas privadas han incrementado la desigualdad, el empobrecimiento y la incertidumbre para la mayoría de la sociedad, particularmente en los países europeos periféricos.
El proyecto liberal-conservador dominante trata de garantizar mayores privilegios económicos y políticos para las élites (financieras y gobernantes), consolidar la desigualdad social y la subordinación de las capas populares y neutralizar la participación ciudadana y una acción política progresista, reguladora o redistributiva. Supone, por tanto, un deterioro democrático del sistema político y una fuerte ofensiva cultural por evitar la significativa desconfianza popular en esa gestión regresiva. Su freno es una consistente contestación ciudadana progresista, un amplio movimiento de resistencia popular, al menos en el sur de Europa, con un reflejo relevante en el campo político y electoral, y una significativa influencia en el norte. Los límites o líneas rojas de la gestión de las derechas dominantes son, de momento, el evitar un deslizamiento irreversible hacia una grave crisis social, una fuerte desvertebración política e institucional o una ruptura de la Unión Europea. No está clara la eficacia de su estrategia de no caer en esos abismos, aunque no sea pretendido. Serían aspectos difíciles de manejar y que, en todo caso, conllevarían el fracaso de las actuales élites gobernantes respecto de su fuente de legitimidad: el bienestar de la población en una Europa democrática, social e integrada.
Por ello la acción contra la desigualdad debe complementarse con un avance en el modelo social y el Estado de bienestar europeo y en el fortalecimiento de la democracia, con el respeto de la representación política y las élites gestoras a las demandas ciudadanas. La solución: una salida equitativa a la crisis, un nuevo contrato social y político democrático y progresista, una cultura cívica igualitaria y solidaria.
Por un lado, hay que evidenciar la gravedad de la desigualdad socioeconómica, su persistencia y sus causas, frente a los intentos de minusvalorarla, considerarla transitoria o eludir las responsabilidades de sus causantes. Y, por otro lado, se debe ampliar la deslegitimación social y ética de la desigualdad, cuestionar los argumentos y discursos que pretenden justificarla, para fortalecer la actitud cívica de la ciudadanía y el rechazo popular a la misma. Sobre lo primero, se están publicando diversos estudios, que han tenido un gran impacto en la opinión pública, y por mi parte lo he tratado en otros trabajos. Aquí, nos centraremos en lo segundo, explorando las distintas concepciones (progresistas/igualitarias o regresivas/desigualitarias) que pugnan por la hegemonía ideológica o cultural en la sociedad.
Desigualdad es un concepto comparativo. Hace referencia a las ‘distancias’ entre distintas categorías sociales (individuos, segmentos, grupos o países). Pero para valorar la percepción de su gravedad y su carácter injusto hay que combinarlo con otro hecho dinámico: la comparación con la situación anterior de cada individuo y estrato social. Uno de los temas más complejos para analizar es la relación entre crecimiento económico y desigualdad, con la combinación de dos dinámicas: mayores bienes, junto con mayor desigualdad. El énfasis en lo primero pretende justificar lo segundo, aunque lo segundo no debe despreciar lo primero.
El discurso de la derecha sobre la inminente, continuada y generalizada recuperación económica es un engaño: aspectos parciales mejoran, pero el grueso de los que afectan directamente a los ciudadanos se mantienen o empeoran. Una de sus pretensiones es evitar la deslegitimación de unas políticas gubernamentales y unos agentes económicos e institucionales que han ampliado la desigualdad, el descenso socioeconómico de la mayoría de la sociedad y el deterioro democrático de las grandes instituciones públicas. Existen algunos indicadores económicos menos negativos. Se sale de la gran recesión aunque, en el mejor de los casos y si no hay otros contratiempos, habrá solo una leve y lentísima mejoría económica y de empleo, como aventura el FMI y la Comisión europea. Según pronostican sus portavoces, en España tendríamos (al menos) una década por delante de sufrimiento. Aunque a su término tampoco nos espera la reversión de mayor igualdad, protección pública o derechos sociolaborales. La posible salida conservadora de la crisis pretende asegurar el desequilibrio impuesto en las relaciones de poder económico y empresarial, continuar con el proceso de desmantelamiento del Estado de bienestar (insostenible para M. Draghi, del BCE) y consolidar el autoritarismo político con una democracia débil. Todo ello con especial impacto para los países europeos mediterráneos.
No obstante, de no acabar de inmediato con la política de austeridad, permanecerán un similar nivel de desempleo masivo, el descenso de la capacidad adquisitiva de salarios, pensiones y prestaciones de desempleo, mayor precarización y sometimiento de la población trabajadora y peores y segmentados servicios públicos. Un elemento clave, la posibilidad de creación limitada de empleo (temporal y a tiempo parcial), se instrumentaliza para profundizar en la precarización y la pérdida de derechos sociolaborales del conjunto y fortalecer el poder y los beneficios empresariales.
Ese discurso liberal-conservador pretende legitimar la estructura y la dinámica de desigualdad. Considera que el enriquecimiento de las élites es ‘merecido’ por sus habilidades inversoras y especulativas y el tráfico de influencias y poder. Y también que el empobrecimiento y el paro masivo, que afecta a personas de las capas populares, también es ‘merecido’. Así, no habría que cambiar nada, las dinámicas desiguales estarían justificadas, haciendo abstracción de las distintas situaciones de ventajas y desventajas, de origen, contexto y trayectoria, de las desiguales relaciones de poder y condiciones que están incluyendo en las diferentes capas de la sociedad. Pasa por alto las distintas oportunidades y capacidades iniciales y en su desarrollo en que se encuentran los distintos individuos y grupos sociales. Con esa idea, las capas acomodadas intentan pasar página del incremento de las brechas sociales y las posiciones de subordinación de la mayoría de la población, derivadas de las estructuras desiguales, la crisis económica y las políticas de austeridad. Pretende hacer olvidar las causas y responsabilidades de las capas financieras y gobernantes que las han ampliado a costa de la mayoría de la sociedad. Su promesa es que ese (limitado y lento) crecimiento iría a mejorar la capacidad adquisitiva de la población, esperando que el rechazo a la desigualdad pase a segundo plano.
El proceso de legitimación de la dinámica desigual adquiere nuevos argumentos: la (hipotética) mejoría de la situación de la gente, avalaría las políticas de ajustes y austeridad que han ampliado la desigualdad. Esta situación, según ellos, debería consolidarse y ampliarse como condición ‘inevitable’ para el crecimiento económico. Así, se garantizarían, junto con su mayor poder y dominación, el incremento de las distancias y privilegios de las capas más ricas frente al estancamiento de la mayoría de la sociedad. O, bien, la existencia de una leve mejoría de una parte (minoritaria), junto con el agravamiento de la pobreza y el desamparo con mayor subordinación, en otra parte (mayoritaria).
La justificación neoliberal de la desigualdad
Para interpretar la realidad de la situación de desigualdad y valorar su significado se debe combinar su análisis con la justicia social y sus fundamentos éticos. Aquí es cuando aparecen las distintas interpretaciones éticas para definir lo justo y lo injusto y, por tanto, dar legitimidad o no a determinados grados de desigualdad aplicados según motivos, condiciones y contextos diferentes.
El pensamiento liberal dominante considera la desigualdad como justa (o racional, eficiente y conveniente). Admite cierta igualdad jurídica o formal, pero valora la desigualdad socioeconómica como necesaria e imprescindible para garantizar el crecimiento económico, al que le da el valor supremo, y la correspondiente apropiación de beneficios por las clases dominantes. Es decir, la mejora del bienestar de la población pasaría por la inevitabilidad de la desigualdad, la acumulación privada de la riqueza en las cúpulas oligárquicas y, por tanto, la subordinación de la sociedad a unas relaciones y estructuras desiguales. El valor de la mejoría económica relativa derivada del mercado estaría por encima del avance hacia la igualdad, sería compatible con la ampliación de las brechas sociales, y ese proceso se calificaría de ‘justo’. Las élites económicas tendrían legitimidad para aumentar sus privilegios y las distancias respecto de la mayoría de la sociedad, siempre que los sectores desfavorecidos mejoren algo su capacidad adquisitiva. Este último componente adicional era, primero, la caridad hacia los pobres, y después, el talante ‘social’ del liberalismo o las tradiciones cristianas. El actual discurso de la derecha, del cambio de tendencia económica y de empleo, con la consiguiente e hipotética leve mejoría para personas desempleadas, utiliza ese argumento para frenar la crítica ciudadana a precarización, incertidumbre y desamparo de la mayoría, la ampliación de grandes brechas sociales y el enriquecimiento de las élites.
Así, nos encontramos con datos actuales como que más del 90% del crecimiento diferencial de la renta se lo queda el 10% más rico, y que el 90% de la población se reparte el 10% restante de la renta. Pero como éstos también mejoran respecto de su situación anterior, aunque las distancias aumenten, sería una situación más justa y suficiente para justificar como ‘buena’ esa dinámica más desigual. Por tanto, algunos de criterios de justicia (liberales, demócrata-cristianos y de apariencia progresista) se utilizan también para justificar cierto nivel de desigualdad en determinadas condiciones de mejoría relativa de los más pobres.
En consecuencia, habrá que demostrar, primero, la existencia de desigualdad, y, segundo, su carácter injusto. Es evidente la conciencia social de la existencia de mayor desigualdad y empobrecimiento cuando, al mismo tiempo, hay un descenso económico mayoritario. La interpretación es más ambivalente cuando hay cierto crecimiento económico, es decir, cuando se puede combinar dos dinámicas: mayor desigualdad (brechas sociales), junto con una mejora en la capacidad adquisitiva respecto a la situación anterior (es el caso actual de China).
El discurso utilitarista o neoliberal se centra en justificar la desigualdad y la subordinación popular como elementos fundamentales e imprescindibles para el crecimiento económico, para asegurar los beneficios e incentivar ‘adecuadamente’ a los principales agentes económicos (según ellos): los inversores (el capital financiero), los propietarios de los medios de producción y las capas gerenciales o corporativas. Según el pensamiento clásico liberal, la acumulación de riqueza privada llevaría a la prosperidad general. La realidad actual de la crisis económica, con una gran polarización de la riqueza, en manos de una minoría oligárquica, y una gran recesión o estancamiento económicos, cuestionan ese discurso. El aumento del dominio y el beneficio económico de las elites financieras no reporta en incremento de empleo (decente), y ese discurso apenas esconde su objetivo: intentar legitimar su apropiación desmesurada frente al interés general. La distribución de los beneficios de la actividad económica es desigual y se ampara en una estructura de poder que la impone, aunque esté sometida a los procesos de legitimación social y política.
Por tanto, hay un conflicto entre igualdad y crecimiento económico. En un marco capitalista como el actual, con libertad empresarial y de capitales, los agentes económicos, propietarios y gestores, exigen ‘incentivos’ desiguales, comparativamente. ¿Cuál es el grado de desigualdad necesario o admisible, según esas relaciones económicas y de poder, para garantizar un crecimiento ‘sostenible’ y ‘eficiente’ que reporte beneficios al conjunto, mejorando su situación material aún a costa de determinada distribución desigual? O al contrario, ¿Cuándo una distribución igualitaria deja de ser eficiente y constituye un motivo de rebelión para las élites y el poder financiero que exigen incentivos (desiguales) y dominio económico y de poder, bajo la amenaza del aislamiento financiero?. La solución viene desde el campo político: la capacidad de la sociedad y sus instituciones políticas (Estado) para regular los procesos económicos (mercado) y definir los márgenes de una justicia distributiva desde una ética igualitaria y solidaria que garantice el ‘bien común’ de la humanidad. La cuestión es que es difícil ejecutarlo si no es, al menos, en el plano europeo. En todo caso seguiría siendo un problema político, es decir, de fuerzas sociales e instituciones públicas con suficiente apoyo ciudadano para consolidar procesos de gobernanza que regulen los mercados, superando las dependencias y subordinaciones a esos poderes financieros de las clases gobernantes, los Estados y las instituciones europeas.
En definitiva, las concepciones de la justicia social, de una igualdad de oportunidades más débil o más fuerte, junto con una fuerte cultura democrática y cívica, particularmente, en la conciencia popular, son fundamentales para valorar la desigualdad y la actitud ciudadana ante ella.
Empezamos este curso 2013/14 con esta noticia publicada en El País...
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La estudiante Océane Boquet propone el texto de Juan Torres López para poder entender la crisis financiera y sus consecuencias como una estafa. Muchas gracias!!!
Encontráis el texto en: http://juantorreslopez.com/impertinencias/la-crisis-una-estafa-detras-de-otra/
Un texto muy interesante de Noam Chomsky sobre "Quién gobierna el mundo" (en inglés).
http://truth-out.org/opinion/item/14373-noam-chomsky-who-owns-the-world
Y versión completa de una conferencia de Chomsky sobre este tema en: http://www.chomsky.info/talks/20121026.htm
Noticia recogida en: http://www.elblogsalmon.com/entorno/estados-unidos-denuncia-a-s-p-por-sus-malas-practicas (y que me comentó Margarita que había visto en TV), gracias!
Todas las calificaciones eran independientes y de buena fe, basada en un razonamiento sólido‘. Este es el argumento fundamental de la empresa de rating, Standard and Poor’s (S&P), como resultado del anuncio de que el departamento de justicia estadounidense ha iniciado un procesamiento en contra de S&P por la falta de previsión de sus ratings al estallido de la deuda sub-prime, como nos comentó Aurelio esta tarde. Como muchos dicen que fue la causa del estallido de la crisis financiera más generalizada, se supone que es importante su falta o no de previsión.
Algunos incluso dicen que el gobierno estadounidense está molesto con S&P por haber puesto en cuestión su rating y que esta acción legal es su represalia.
Oficialmente, el resumen de inocencia de S&P (PDF) sigue los siguientes tiros. En los últimos cinco años, han gastado aproximadamente 400 millones de dólares para reforzar la integridad, la independencia y el desempeño de sus calificaciones. Con nuevo liderazgo, instituido nuevas prácticas de buen gobierno y la mejora de la gestión de los riesgos, han tomado importantes medidas para:
- Fortalecer la independencia frente a las presiones de los emisores y sus asesores: han reforzado aún más la independencia analítica, la formación de los analistas en sus contactos con los emisores y han introducido nuevos programas de rotación de los analistas asignados a los emisores.
- Mejora de las metodologías: han actualizado la forma en que evalúan los títulos impactados por la crisis financiera e introdujeron criterios más estrictos que, entre otros cambios, establecerán requisitos más exigentes para lograr una calificación AAA.
- Evaluación más intensa de riesgos globales de crédito: Se establecieron comités de evaluación de condiciones de crédito alrededor del mundo para identificar y tener controlados los riesgos globales de los mercados de crédito interconectados, para la mejor medición del riesgo global evaluado por todas las partes de la empresa.
- Mejorar el cumplimiento regulatorio y la calidad analítica: Se incrementó significativamente la dotación de personal para fortalecer la calidad analítica y para asegurar el cumplimiento de las nuevas normas gubernamentales de supervisión y las leyes de los Estados Unidos, la Unión Europea y de otros países.
Todas medidas muy bonitas que intentan desviar la atención de cómo lo hicieron antes de que estalló la crisis financiera.
Resulta que el departamento de justicia estadounidense negoció con S&P para conseguir su aceptación a la acusación, que iba acompañado con una multa sustancial. Este proceso fue rechazado por S&P, no sólo por la magnitud de la multa y porque el departamento de justicia exigía la admisión de culpabilidad, pero porque S&P temía que, si aceptara responsabilidad,se abrirían a posteriores denuncias de los entes privados que han perdido, como resultado de haber mantenido inversiones con ratings de S&P.
Todavía queda la posibilidad de que el departamento de justicia estadounidense y S&P lleguen a un acuerdo de culpabilidad y multa para frenar este proceso judicial.
Si sigue el juicio, con tanta incompetencia para repartir alrededor del mundo, ¿alguien cree que se podrá probar que S&P es culpable por no predecir el estallido de la crisis financiera? Hace mucho que critico a las empresas de rating en estas páginas pero creo que tiene más que ver con lo que dijo Aurelio: “Ahora el show ya está montado y supongo que el Gobierno de Estado Unidos querrá venderlo todo como una depuración del sistema, como si de una superproducción de Hollywood se tratase“.
Los europeos han criticado mucho a las empresas de rating, especialmente cuando se les baja sus niveles de rating, y no han hecho nada de nada. Por lo menos los Estados Unidos han abierto el ‘show’.
Vía | New Yorker y BBC News (los dos en inglés)
En El Blog Salmón | A la vejez, viruelas: las agencias de rating en entredicho y Las agencias de calificación, por fin bajo sospecha
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| La inseguridad social ¿Qué es estar protegido? |
| Robert Castel · · · · · |
| 24/03/13 |
[El pasado 12 de marzo murió a los 79 años el gran sociólogo y activista social francés Robert Castel, autor de obras fundamentales como Las metamorfosis de la cuestión social y La inseguridad social ¿Qué es estar protegido?, cuyo epílogo reproducimos de la traducción publicada por Ed. Manantial de Buenos Aires, como un homenaje a su legado científico y militante-SP]
“¡Que Dios lo proteja!” Esta expresión tan popular en los siglos de creencia religiosa expresaba el sentimiento entonces compartido por toda la comunidad de que, para que la criatura humana estuviera verdaderamente protegida contra todas las contingencias de la existencia, era necesario que una Omnipotencia tutelar la tomara íntegramente en sus manos.
A falta de ese fundamento absoluto de la seguridad, ahora le corresponde al hombre social la ardua tarea de construir él mismos sus protecciones. Todo sucede, sin embargo, como si el retiro de un garante trascendente de la seguridad hubiera dejado subsistir, como su sombra, un deseo absoluto de estar amparado contra todas las incertidumbres de la existencia. La extensión de las protecciones es un proceso histórico de larga duración, que corre muy parejo con el desarrollo del Estado y las exigencias de la democracia, e indudablemente nunca estuvo tan omnipresente como hoy. No obstante, se impone la constatación de que estos dispositivos múltiples de protección no mitigan la aspiración a la seguridad, sino que, por el contrario, la relanzan. Con razón o sin ella (pero esta expresión no tiene demasiado sentido pues no se trata de un cálculo racional), el hombre contemporáneo aparece al menos tan atormentado por la preocupación de su seguridad como sus lejanos ancestros, a quienes, sin embargo, no les faltaban buenas razones para inquietarse por su supervivencia. Al dar cuenta de esta paradoja, la reflexión socio histórica aquí realizada culmina en dos proposiciones complementarias, aparentemente contradictorias: denunciar la inflación de la preocupación por la seguridad y afirmar la importancia esencial de la necesidad de protecciones.
Denunciar la inflación de la preocupación por la seguridad porque esta postura disuelve al fin de cuentas la posibilidad misma de estar protegido. Instala el miedo en el centro de la existencia social, y este miedo es estéril si tiene que ver con las contingencias incontrolables que constituyen la suerte o el destino propios de toda existencia humana. Se ha enfatizado que las desviaciones recientes de la reflexión sobre el riesgo alimentaban una mitología de la seguridad, o más bien de la inseguridad absoluta, que culmina en última instancia en una denegación de la vida. Hay que guardar en la memoria la lección profunda de Italo Svevo en La conciencia de Zeno:
La vida se parece un poco a la enfermedad, también ella procede por crisis y por depresiones; a diferencia de las otras enfermedades, sin embargo, la vida siempre es mortal, no soporta ningún tratamiento. Curar la vida sería obturar los orificios de nuestro organismo considerándolos como heridas. Apenas curados, estaríamos sofocados.
La vida es un riesgo porque lo incontrolable está inscripto en su desarrollo. Habría que interrogarse más sobre la inflación actual de la preocupación por la prevención, que es estrictamente correlativa de la inflación de la preocupación por la seguridad. Sin ninguna duda, más vale prevenir que curar, pero las tecnologías eficaces de prevención son limitadas, y rara vez infalibles. En consecuencia, la ideología de la prevención generalizada está condenada al fracaso. Pero el deseo desesperado de erradicar el peligro que conlleva mutre una forma de angustia probablemente específica, de la modernidad y que es inextinguible. Sin ceder al pathos, es muy saludable recordar que el hombre se caracteriza por su finitud, y saber que es mortal es para él el comienzo de la sabiduría.
Sin embargo, rechazar el mito de una seguridad total condice a defender simultáneamente que la propensión a estar protegido expresa una necesidad inscripta en el centro de la condición del hombre moderno. Como lo han visto los primeros pensadores de la modernidad, empezando por Hobbes, la exigencia de vencer la inseguridad civil y la inseguridad social está en el origen del pacto que funda una sociedad de individuos. Hace poco, tanto se dijo y se escribió en Francia sobre lainseguridad civil que me atendré en este punto a lo que anticipaba anteriormente: que la búsqueda de la seguridad absoluta puede entrar en contradicción con los principios del Estado de derecho y se desliza fácilmente a una pulsión de seguridad que persigue a los sospechosos y satisface a través de la condena de chivos emisarios. El fantasma de “nuevas clases peligrosas” que constituirían los jóvenes de los suburbios pobres ejemplifica este tipo de desviación. Pero, la búsqueda de la seguridad expresa una exigencia que no es solamente asunto de los policías, de los jueces y del Ministerio del Interior. La seguridad debería formar parte de los derechos sociales en la medida en que la inseguridad constituye una falta grave al pacto social.
Vivir en la inseguridad día a día es ya no poder hacer sociedad con sus semejantes y habitar en su entorno bajo el signo de la amenaza y no de la acogida y el intercambio. Esta inseguridad cotidiana es tanto más injustificable cuanto que afecta especialmente a las personas más desguarnecidas de otros recursos en materia de ingresos, de hábitat y de todas las protecciones que brinda una situación social segura - todas también son víctimas de la inseguridad social-. Sin pronunciarse siquiera por la cuestión de las causas - ¿en qué medida la inseguridad civiles la consecuencia de la inseguridad social?-, existen al menos correlaciones fuertes entre el hecho de experimentar cotidianamente la amenaza de la inseguridad y el de ser presa de las dificultades materiales de la existencia. Razón suficiente para rechazar el angelismo y pensar que la inseguridad civil debe ser enérgicamente combatida. Pero no por cualquier medio, y no resulta nada fácil encontrar el compromiso entre seguridad pública y respeto a las libertades públicas.
Sin embargo no cabe duda hoy en día que la inseguridad debe combatirse también y en gran medida a través de la lucha contra la inseguridad social, es decir, desarrollando y reconfigurando las protecciones sociales. En efecto, ¿qué es estar protegido en una sociedad moderna? El esclavo muchas veces estaba protegido si no tenía un amo demasiado malo, y por otra parte los amos estaban interesados en procurar a sus esclavos al menos los recursos mínimos necesarios para asegurar su supervivencia. En la familia patriarcal, las mujeres, los niños y los sirvientes estaban protegidos, y a menudo el viejo servidor o la vieja servidora, cuando dejaban de ser útiles, no por ello eran abandonados. Las relaciones clientelistas, las mafias, las sectas y todas las Gemeinschaften tradicionales procuran potentes sistemas de protecciones, pero que se pagan con una profunda dependencia de sus miembros. Es lo que da a la declaración de Saint-Just en el momento de la Revolución su resonancia profundamente moderna:
Brindar a todos los franceses los medios para satisfacer las primeras necesidades de la vida sin depender de otra cosa que no sean las leyes y sin dependencia mutua en el Estado civil. (1)
Al cabo de dos siglos de conflictos y de compromisos sociales, el Estado, bajo la forma de Estado nacional-social, había “brindado” más allá “de las primeras necesidades de la vida”, los recursos necesarios para que todos, o casi todos, pudieran gozar de un mínimo de independencia. Eso es precisamente estar protegido desde el punto de vista social en una sociedad de individuos: que estos individuos dispongan, por derecho, de las condiciones sociales mínimas de su independencia.La protección social es así la condición de posibilidad para formar lo que he llamado, siguiendo a León Bourgeois, una sociedad de semejantes: un tipo de formación social en cuyo seno nadie está excluido porque cada uno dispone de los recursos y de los derechos necesarios para mantener relaciones de interdependencia (y no solamente de dependencia) con todos. Es una definición posible de ciudadanía social. Es asimismo una formulación sociológica de lo que en términos políticos se denomina una democracia.
Se sabe que desde hace un cuarto de siglo ese edificio de protecciones montado en el marco de la sociedad salarial se ha fisurado, y que sigue resquebrajándose bajo los golpes propinados por la hegemonía creciente del mercado. La profundidad y el carácter irreversible de estas transformaciones hacen que resulte imposible mantener sanos estos dispositivos. Pero la amplitud de los cambios señala también hasta qué punto es urgente intentar reorganizarlos en la coyuntura nueva y tomarse en serio aquello a lo que conduciría su abandono. Al no tener recetas milagrosas que proponer, me esforcé sobre todo por precisar las líneas de fractura que hoy rediseñan la configuración de las protecciones hasta amenazar con cuestionar la posibilidad de seguir conformando una sociedad e semejantes. Para decirlo, en fin, de modo sintético, me parece que el desafío principal de la problemática de las protecciones sociales se sitúa hoy en la intersección del trabajo y el mercado. Se puede comprender a partir de la cuestión central que planteaba Karl Polanyi y que sigue siendo de candente actualidad: ¿se puede (y si sí, en qué medida y cómo) domesticar el mercado? En efecto, como se destacó al recordar el rol desempeñado por la propiedad social en la construcción de una sociedad de seguridad, fue cierta domesticación del mercado lo que, en gran medida, permitió vencer la inseguridad social. Y es también por supuesto cierta remercantilización del trabajo la principal responsable del alza de esta inseguridad social a través de la erosión de las protecciones que estaban ligadas al empleo, con la consiguiente desestabilización de la condición salarial.
Sin embargo, estas constataciones no deben conducir a la condena del mercado. “Condenar el mercado” es una expresión que por otra parte no tiene estrictamente ningún sentido. Centralidad del mercado y centralidad del trabajo son las características esenciales de una modernidad en la cual siempre estamos, aunque sus relaciones se hayan transformado profundamente desde que Adam Smith las afirmara simultáneamente. Probablemente estemos asistiendo al desarrollo de experimentos sociales interesantes que se inscriben en los márgenes o en los intersticios de la economía mercantil. Pero está descartado, y aún diría que no es deseable, que puedan representar una alternativa global a la existencia el mercado. Una sociedad sin mercado sería, en efecto, una gran Gemeinschaft, es decir, una manera de hacer sociedad cuya historia, tanto antigua como reciente, nos muestra que ha sido estructurada generalmente por relaciones de dominio despiadadas o por relaciones paternalistas de dependencia humillantes. Suprimir el mercado representa una opción propiamente reaccionaria, una suerte de utopía al revés, de la que Marx ya se burlaba al evocar “el mundo encantado de las relaciones feudales”. No hay modernidad posible sin mercado.
Entonces la cuestión es saber si es posible ponerle límites a la hegemonía del mercado: controlar o canalizar el mercado. Fue lo que se hizo en el marco de la sociedad salarial gracias a esta gran revolución silenciosa que representó la constitución de la propiedad social, fruto de un compromiso entre el mercado y el trabajo bajo la égida del Estado. Ni el mercado ni el trabajo ni el Estado tienen hoy la misma estructura, pero la cuestión de su articulación se plantea siempre. Al trabajo devenido móvil y al mercado devenido volátil debería corresponder un Estado social devenido flexible. Un Estado social flexible y activo no es una simple fórmula retórica, sino la formulación de una exigencia (que no implica la certeza de su realización): más que nunca es necesaria una instancia pública de regulación para enmarcar la anarquía de un mercado cuyo reino sin rival culminaría en una sociedad dividida entre ganadores y perdedores, ricos y miserables, incluidos y excluidos. Lo contrario de una sociedad de semejantes.
Enfrentar las inseguridades es combatir a la par la inseguridad civil y la inseguridad social. Hoy en día existe un amplio consenso respecto de que, para asegurar la seguridad civil (la seguridad de los bienes y de las personas) se requiere una fuerte presencia del Estado: hay que defender el Estado de derecho. Lo mismo debería suceder para luchar contra la inseguridad social: habría que salvar el Estado social. En efecto, no puede existir una “sociedad de individuos”, salvo que estén divididos o atomizados, sin que los sistemas públicos de regulaciones impongan, en nombre de la cohesión social, la preeminencia de un garante del interés general sobre la competencia entre los intereses privados. Esa instancia pública – más bien habría que decir esas instancias, centrales y locales, nacionales y transnacionales – debería encontrar su modus operandi en un mundo marcado por el doble sello de la individualización y de la obligación de movilidad. Es lo menos que se puede decir sobre ella, lo que no es poco, pues estamos acostumbrados a pensar los poderes del Estado a través de grandes reglamentaciones homogéneas que se ejercen en un marco nacional. Pero es quizá la única respuesta ajustada, en la coyuntura contemporánea, a la pregunta “¿qué es estar protegido?”.
Notas:
(1) Saint-Just, Fragments sur les institutions républicaines, (Euvres complètes, París, C. Nodier (1831), 1984, pág. 969.
Robert Castel, sociólogo y activista social francés, fue director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia y autor, entre otros libros, de Las metamorfosis de la cuestión social (Paidos 1997) y La inseguridad social ¿Qué es estar protegido? (Manantial 2001).
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